¡El Aguán Bajo fuego!
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El Trabajador Socialista 85 - Octubre 2011
¡El Aguán Bajo fuego!
por Hugo Herrera
“El 11 de octubre a las 8 de la mañana fue asesinado el campesino Santos Seferino Zelaya de 35 años de edad perteneciente al asentamiento campesino La Aurora, uno de los asentamientos del Movimiento Unificado Campesino del Aguan, MUCA, que fue preestablecido por acuerdo con el gobierno y los terratenientes después de intensas negociaciones.
Los trabajadores de la empresa la Aurora estaban trabajando en la colindancia con los terrenos del empresario Miguel Facussé cuando según los campesinos, guardias del empresario dispararon en contra del grupo, resultando muerto el compañero Santos Seferino, mientras sus compañeros escapaban del lugar para salvarse de las balas asesinas. El compañero Seferino deja 2 niños, uno de 8 y otro 10 años.” (FNRP de Tocoa)
A principios de octubre los directivos del asentamiento La Aurora, Pedro Alfredo Matamoros Bonilla y Heder Jael Sánchez Cruz, fueron acribillados por desconocidos a la altura de la finca San Isidro, Sinaloa, en el Bajo Aguán.
La noticia llegó justo mientras en Tegucigalpa el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank La Rue, disertaba sobre la costante violación a la libertad de expresión y la impunidad en Honduras, en el marco de un importante Foro organizado por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Jonny Rivas, directivo del MUCA, se lamentó que “el operativo Xatruch II impulsado por el régimen de Porfirio Lobo no sólo no está resolviendo el grave conflicto agrario que hay en la zona del Valle del Aguán, sino que lo está profundizando”.
No a la militarización del Bajo Aguán
Informaciones como la anterior son cotidianas en el Aguán. Con los últimos crímenes en La Aurora suman casi 50 personas asesinadas entre enero del 2010 y principios de octubre del 2011 vinculadas a las organizaciones campesinas que luchan por la tierra del Bajo Aguán, donde más de 3,500 familias se encuentran enfrentadas a Miguel Facussé, el más importante capitalista hondureño.
El gobierno de Pepe Lobo, por medio del Instituto Nacional Agrario dirigido por César Ham presidente del Partido Unificación Democrática, ha firmado acuerdos con los grupos campesinos con la promesa de adjudicación de las tierras, mientras profundiza la MILITARIZACIÓN de la región convertida en verdadera ZONA DE GUERRA. Así mientras los campesinos esperan que se realicen los numerosos pasos establecidos en los acuerdos, los cuerpos de seguridad de los terratenientes de la zona conjuntamente con sicarios se han dedicado a asesinar a los compañeros campesinos, bajo la complicidad de autoridades civiles, policiales y militares. En particular en los últimos meses y en el marco del llamado operativo Xatruch II, “destinado a prevenir la violencia” según el gobierno, se ha intensificado el clima de terror en el Bajo Aguán que vive en un virtual estado de sitio.
La heroica resistencia de las familias de la región es insuficiente para detener las masacres, razón por la cual se llevó a cabo el Encuentro contra la Militarización en el Bajo Aguán, promovido por las organizaciones del Espacio Refundacional del Frente Nacional de Resistencia Popular. La iniciativa no contó con el apoyo del FNRP a nivel nacional que en sus últimas asambleas se limitó a dar “el respaldo solidario a la lucha campesina del Aguán, mediante un comunicado solidario en contra de la militarización y represión” (comunicado que nunca se redactó).
Luchas agrarias en el Bajo Aguán
“Básandose en el último Censo Agropecuario de 1993, la CEPAL indica que el 1.6 por ciento de los productores de tierras poseían el 40 % de la superficie cultivada del país, mientras 72% de los productores sólo disponían del 12 por ciento de la tierra cultivada. Además reveló que existían más de 200 mil familias campesinas (lo que equivalía a un 44 % de la población rural) que no tienen ningún acceso o un acceso muy deficiente a la tierra.” (Citado en el Informe de Violaciones a los Derechos Humanos en el Bajo Aguán,[1]julio 2011)
El proceso de reforma agraria impulsado en Honduras entre 1973 y 1977, cuando se distribuyeron 120 mil hectáreas en sólo cinco años, tuvo un serio retroceso entre 1991 y 1993 cuando al amparo de la neoliberal Ley de Modernización Agrícola, la mayor parte de las ventas de tierras de la reforma agraria de 40 empresas campesinas en el Bajo Aguán, terminaron en manos de los principales terratenientes y empresarios palmeros de la región de hoy (Miguel Facusse, René Morales y Reinaldo Canales).
A fines de la década del 90 se inicia un proceso de organización y recuperación de tierras en la región. En las tierras del estado donde funcionó en la década de los 80 del siglo pasado el Centro Regional de Entrenamiento Militar, CREM, 700 familias organizadas en el Movimiento Campesino del Aguán, MCA, lograron la adjudicación de la tierra del Estado en el año 2000. Sin embargo, al día de hoy su situación no ha concluido debido a la negativa de los terratenientes de entregar las tierras que se apropiaron ilegalmente.
El conflicto del MCA ha dejado numerosos muertos y el compañero José Isabel Morales López que guarda prisión en la granja penal de La Ceiba, Atlántida, desde la fecha 17 de octubre del año 2008 por una orden de captura con acusaciones falsas de la fiscalía del ministerio público de Trujillo, está siendo amenazado de muerte.
En noviembre del año 2001 se organiza el Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) que reclama las tierras que fueron declaradas para fines de reforma agraria desde los años 70 y que pasaron de forma fraudulenta a manos de empresarios corruptos. El 9 de diciembre de 2009, 2.500 familias campesinas afiliadas las 28 cooperativas campesinas integrantes del MUCA iniciaron el proceso de recuperación.
La profundización de la política de libre mercado impulsada por los gobiernos liberales y nacionalistas desde la última década del siglo pasado ha pegado un salto después del Golpe de Estado. Amparados en la militarización de la sociedad la pérdida de conquistas abarca a todos los sectores populares siendo el campesino uno de los más perjudicados.
“Según el Informe del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada de la Pobreza Rural, la población rural hondureña vive en promedio con un dólar por persona al día. Casi la mitad de la población rural vive con ingresos inferiores a 0,5 dólares diarios y cerca del 25 por ciento tiene ingresos inferiores a 0,25 dólares diarios. Este Informe refleja también que 2,8 millones de hondureños del área rural viven con un nivel de ingreso inferior a la línea de pobreza. Este grupo representa más del 75 por ciento de la población rural y más del 70 por ciento de los pobres de todo el país. Datos de la FAO del octubre de 2010 indican que incluso en la región centroamericana, el caso de Honduras es particularmente crítico: el 78,8 por ciento de la población rural está por debajo de la línea de pobreza, el nivel más alto en la región.” (Citado en el Informe de Violaciones a los Derechos Humanos en el Bajo Aguán,[1] julio 2011)
La total incapacidad del sistema capitalista hondureño para resolver el problema de la tenencia de la tierra, la reforma agraria y las condiciones de vida en la zona rural en beneficio de la población del campo es la responsable de la desesperante situación que viven los campesinos, y lo que los empuja a la recuperación de tierras.
En este contexto, la represión sistemática contra el pueblo hondureño y la impunidad frente a los crímenes políticos ocurridos en los últimos años después del Golpe de Estado coloca en situación de indefensión total a los grupos campesinos del Bajo Aguán enfrentados a la seguridad y sicarios del grupo de Miguel Facussé, y la complicidad de la policía y el ejército.
Tierra para el que la trabaja
El conflicto agrario no podrá resolverse mediante la militarización y la política de exterminio. Se necesitan un proceso de reforma agraria basado en nuevos modelos que partan de dar la tierra al que la trabaja con crédito barato, tecnología, precios justos para los productos, pero con un componente social que lleve la educación en todos sus niveles, la salud, la seguridad social y la vivienda a todas las familias campesinas.
Esta reforma agraria deberá partir de la expropiación por razones sociales de las tierras acaparadas por los terratenientes sin ningún tipo de indemnización cuando se trate de capitales de dudosa procedencia o que sean producto de la corrupción y el saqueo del erario público como es el caso de Miguel Facussé y su grupo empresarial.
Desde Socialismo o Barbarie consideramos que —en el marco de la lucha por la Refundación de Honduras—, el movimiento popular y en particular el Frente Nacional de Resistencia Popular, además de movilizarnos incondicionalmente en apoyo a la lucha de los compañeros campesinos del Aguán, por la desmilitarización de la región y de Honduras, debemos plantear claramente qué Reforma Agraria estamos dispuestos a impulsar.
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Informe de Violaciones a los Derechos Humanos en el Bajo Aguán, julio 2011
