Socialismo o Barbarie de Honduras

Tinta Roja 5

REELECCION: Entre la necesidad y la ambición, el pueblo no importa

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tintaroja 09La resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la reelección presidencial, permite que Juan Orlando avance en sus pretensiones de gobernar por otro período más, con lo cual lograría consolidar un régimen fuerte (que superaría las contradicciones que el viejo régimen bipartidista planteaba al cambiar de presidente cada cuatro años).

Las reacciones no se han hecho esperar. Los opositores al gobierno se han mostrado sorprendidos y hasta indignados, y se han formulado un sinfín de argumentaciones legales para demostrar la arbitrariedad cometida y el carácter dictatorial del presidente cachureco. Unos cuantos han amenazado o exigido salir a las calles para detener al nuevo Carías.

Sin embargo, la resolución ha sido publicada en la Gaceta, y según la estrategia del partido gobernante, “no requiere de un plebiscito ni una reforma en el CN y simplemente, el ex mandatario que tenga el deseo y la aspiración de participar en un nuevo proceso electoral tiene que someterse ante la voluntad del pueblo hondureño en una elección primaria o posteriormente en los comicios generales” (José Tomás Zambrano, prosecretario del Congreso Nacional).

El mismo Manuel Zelaya ha declarado que es una violación a la legalidad pero que “es un hecho consumado” y que “como hondureño tengo todos mis derechos garantizados” en la Constitución y “no voy a renunciar a ningún derecho”, sólo por tomar una posición.

Se han presentado algunos recursos legales en las mismas instancias que –controladas por Juan Orlando– aprobaron la reelección y no se ha organizado ninguna movilización digna de ese nombre para impedirla.

Crónica de una reelección anunciada

Que Juan Orlando aspira a reelegirse no es ningún secreto para nadie. Desde hace tiempo se sabía de sus pretensiones y también se sabía que había logrado controlar todas las instituciones necesarias para lograr su objetivo.

Desde las páginas de Tinta Roja hemos insistido que en Honduras no hay un régimen democrático, que éste se rompió con el golpe de estado en el 2009 y que a partir de allí se ha estado consolidando un régimen bonapartista, fuerte, autoritario y con profundos rasgos dictatoriales, más allá de la falsa ilusión de los procesos electorales.

Quienes hoy denuncian el despotismo del gobierno como un hecho novedoso y que además apelan a las instituciones controladas por JOH para que revierta la resolución no comprenden que después de un golpe de estado no surge un gobierno democrático sino todo lo contrario.

Tal como lo sostuvimos en Tinta Roja 4 (mayo 2014) “Un aspecto importante y que marca el objetivo estratégico del imperialismo en relación al régimen, es el tema de la reelección presidencial”.

Debido a la extrema debilidad orgánica de la burguesía nacional y su dependencia histórica de la inversión extranjera, en Honduras ha sido casi imposible la existencia de un régimen democrático burgués. En los casi doscientos años de vida independiente sólo el período de 1985 al 2009 puede llamarse como tal. Antes lo que prevaleció fueron regímenes bonapartistas con breves espacios de democracia. Primero fue el Cariato desde 1932 hasta la huelga de 1954; luego las dictaduras militares amparadas en los Tratados de 1954 hasta la caída de Álvarez Martínez en el 84. Ambos fieles garantes de los intereses norteamericanos.

Con el surgimiento y consolidación de una burguesía nacional (compuesta paradójicamente de árabes y judíos) a partir de políticas de Estado promovidas por Estados Unidos tras la huelga de 1954 y como parte de una política contra los procesos revolucionarios centroamericanos, surge el bipartidismo como intento de permitir un espacio democrático entre los diferentes sectores de la burguesía. Sin embargo, este intento fracasó debido al carácter parasitario de dicha burguesía y a las ambiciones personales de sus representantes que pusieron en peligro los intereses estratégicos del imperialismo. El resultado fue el golpe de estado, y un nuevo régimen promovido por Washington.

“Estos hombres no deben actuar por su propia iniciativa, deben actuar en el sentido de los factores determinantes, y a nuestro control inmediato.

Debemos separar a nuestros amigos que han estado a nuestro servicio, que consideramos envilecidos por su lealtad, pues tarde o temprano, nos traicionarán, alejarnos sin que se sientan ofendidos, y tratarlos con alguna diferencia para no servirnos más de ellos. Tenemos necesidad, sí, de su país, de sus recursos naturales, de sus costas y sus puertos, de que poco a poco debemos adquirir.”

CARTA ROLSTON, 1920

De allí que la reelección como punto fundamental para sostener un régimen fuerte sea una tarea de primer orden para el imperialismo más allá de las ambiciones de los gobernantes locales. Ambiciones que sirven a los intereses imperialistas pero no los determinan.

La historia de los gobernantes hondureños está llena de ambiciones personales que los llevaron siempre a querer reelegirse. Lo que como burguesía dependiente no pueden lograr, sí pueden conseguirlo parasitando del estado. Esa es la razón de fondo por la cual los diferentes sectores burgueses subordinados a EE.UU. siempre que llegan al poder quieren perpetuarse. En esto Juan Orlando no es ningún innovador.

Quien no quiera la reelección que tire la primer piedra

Viendo la necesidad del imperialismo de un régimen fuerte y autoritario, sobran los candidatos para el puesto. Todos los ex presidentes con vida aspiran a regresar a la silla presidencial, no sólo Juan Orlando. Esta es la razón fundamental por la cual la resolución de la Sala Constitucional es casi un hecho consumado.

La oposición a Juan Orlando no quiere que este se reelija pero si aspiran a la reelección para ellos mismos.

En primer lugar Manuel Zelaya, que intentó este objetivo con la Cuarta Urna y le dieron el golpe, pero que “ante el hecho consumado” “no le tiene miedo a Juan Orlando” y está dispuesto a “enfrentarlo y ganarle”. Poco importa si otros dirigentes de LIBRE piensan distinto y gritan contra la reelección.

En el partido Liberal –no repuesto del trauma del golpe– la situación también está dividida pero al revés. El presidente del partido Mauricio Villeda se pronuncia tajantemente en contra, mientras que varios alcaldes y diputados hacen llamados al ex presidente Roberto Flores Facussé para que se postule para la reelección.

Sólo el PAC aparece sin divisiones ya que ninguno de sus miembros ha estado en el poder antes y sienten que la reelección los debilita.

Estas posiciones a favor de la reelección que atraviesan los principales partidos de oposición han impedido hasta ahora que estalle una crisis institucional como la de 1984 en el gobierno de Suazo Córdoba. Pero también marcan los límites de una oposición cuyo único punto en común es que Juan Orlando no se reelija.

Cuando los diputados opositores lograron evitar elevar la Policía Militar del Orden Público a rango constitucional, es decir, que estuviera bajo el mando directo del presidente, y proclamaron el 24 de febrero el surgimiento de la Coalición Nacional Opositora, muchos creyeron que surgía una verdadera oposición al régimen. Sin embargo, no fue así. La oposición cruzada de ambiciones personales y ningún plan de gobierno alternativo al que impone Estados Unidos, se quedó en palabrerío.

No estamos ante una oposición al sistema ni al régimen sino solamente a Juan Orlando, por tal razón no se han pronunciado, ni siquiera LIBRE, contra las medidas económicas impuestas por el ejecutivo, el congreso o las alcaldías municipales, y que perjudican al pueblo trabajador.

Por una alternativa independiente de la burguesía

Mientas el debate en las alturas continúa como diría el Chavo del 8 “sin querer queriendo”, la militarización de la sociedad se mantiene con una permanente criminalización de la protesta social, y se anuncia la llegada de tropas de élite de Estados Unidos para cuidar sus intereses estratégicos.

Los estudiantes son reprimidos física y académicamente; y los y las luchadoras sociales procesados y sentenciados como es el caso de Gladys Lanza.

En lo económico, los contratos y concesiones aprobados por el estado con la empresa privada siguen debilitando el erario público y provocando despidos masivos como los de la ENEE, Hondutel, SANAA y otras instituciones del estado víctimas del proceso privatizador; sigue avanzando el proceso de mercantilización y privatización de la salud y educación; se han privatizado numerosas instituciones y servicios públicos incluidas las carreteras, como parte del acuerdo con el FMI y se está lanzando la primer ciudad modelo (Panacea-Amapala).

Medidas que no encuentran una respuesta oportuna y unificada por parte del movimiento popular que sigue adormecido por los golpes recibidos pero sobre todo por la desmovilización impuesta a partir del Acuerdo de Cartagena y por las ilusiones electorales y parlamentarias promovidas por las dirigencias del Partido LIBRE.

En este contexto es urgente reorganizar el movimiento obrero y popular desde las bases, para impulsar movilizaciones capaces de detener los objetivos del régimen neoliberal autoritario.

Se trata de que tanto los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad así como los estudiantes, la juventud y la mujer como parte fundamental de estos sectores y en particular las organizaciones populares y sociales recuperemos y relancemos la lucha popular y social.

Urge identificar y colectivizar nuestras necesidades; organizar democráticamente nuestras fuerzas desde las bases, coordinar y unificar nuestras luchas, renovar la dirigencia de las organizaciones, recuperar nuestra independencia política y proponer nuevas estrategias de lucha popular y social.

Sólo sí lograremos hacer que la crisis la paguen quienes la han provocado y construir una auténtica democracia de los explotados y oprimidos, que vayan más allá de las ambiciones personales al servicio de los intereses imperialistas de los partidos burgueses.

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